En España, la falsificación de medicamentos no supone un problema de salud pública gracias, en parte, a la fortaleza del canal farmacéutico
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una Directiva sobre Antifalsificación de Medicamentos cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos europeos ante la amenaza que representan los medicamentos falsificados, estableciendo para ello cauces y medidas que dificulten dicho fraude.
De acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, se estima que los medicamentos falsificados representan cerca del diez por ciento del mercado farmacéutico mundial. Una realidad que constituye un importante problema de salud pública y que se aprovecha de la globalización que aporta Internet para tratar de introducirse y estar presente en cualquier país. No en vano, Internet está considerada como la principal vía de acceso y distribución de este tipo de medicamentos, y se calcula que más del 62% de los fármacos adquiridos a través de la Red resultan ser falsificaciones.
La Directiva europea aprobada aborda diferentes aspectos e incide precisamente, entre otros aspectos, en la regulación de Internet. A este respecto, la Directiva contempla que cada Estado miembro deberá establecer las condiciones necesarias para proteger la salud pública en lo que se refiere a la venta de medicamentos a través de Internet.
En España, dicha regulación es manifiesta e incluso pionera a la hora de contemplar importantes salvaguardas y garantías para el ciudadano. La Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, prohíbe expresamente la venta por correspondencia o por procedimientos telemáticos de aquellos medicamentos que requieren receta médica, mientras que para la venta por Internet de aquellos medicamentos que no precisan de prescripción – pendiente de desarrollo – establece tres condicionantes: “que se dispensen por oficina de farmacia autorizada, con la intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado” .
Las características del modelo español de Farmacia, junto con la existencia de exhaustivos controles del medicamento a lo largo de toda la cadena farmacéutica –industria, distribución y farmacia–, hacen posible que en la actualidad sea prácticamente inexistente la incidencia de esta actividad fraudulenta. No obstante, ante el dinamismo de Internet, el anonimato que proporciona el medio y la proliferación de correos publicitarios o spam –aspectos aprovechados para la propagación de este tipo de fraude–, resulta preciso seguir trabajando para fortalecer los canales existentes, reforzando las medidas de control ya establecidas y, sobre todo, concienciando a la población de los riesgos potenciales de adquirir medicamentos al margen del canal farmacéutico regulado en nuestro país. Según la memoria de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el año 2009, se abrieron un total de 81 procesos contra diversas páginas Web por la venta ilegal de medicamentos.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos es consciente de esta realidad y ya a finales de 2008 suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad para promover la lucha contra la venta ilegal de medicamentos en Internet y proteger la salud de los ciudadanos. En España, la falsificación de medicamentos no supone un problema de salud pública gracias, en parte, a la fortaleza del canal farmacéutico y a los cauces ya establecidos, pero, a pesar de contar con un buen sistema, se requiere seguir trabajando sobre la base ya existente y continuar garantizando así un acceso seguro del paciente a los medicamentos.
PoR:ViAnNeY LeAl mOrEnO..!!
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